Por Pablo Latapí
Conservar las selvas y los bosques de México es un discurso tan común que estuvo tanto en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Fox, como está en varias de las canciones que están moda. Sin embargo, a la fecha, el gobierno foxista no ha tenido una auténtica voluntad por evitar que día a día cientos de árboles y hectáreas enteras de selva se destruyan para beneficiar a quienes impunemente venden la madera, o como botín de grupos políticos que han encontrado el camino fácil de invadir áreas protegidas sin oposición gubernamental.
Cuando se habla de los grandes problemas nacionales como el desempleo o la inseguridad, se entiende que estos pueden resolverse y mediante las acciones correctas ponerse en los niveles que el país necesita.
Cuando se habla de destrucción de recursos naturales estos son problemas “irreversibles”, ni la mejor voluntad ni el derroche de recursos le devolverán a nuestro territorio los bosques y las selvas que tenía hace 50 años.
A pesar de que el gobierno desde hace varias décadas ha declarado algunos lugares privilegiados de nuestro país como zonas protegidas, han faltado las acciones para poder conservarlos y evitar su deterioro. Lo único que se ha conseguido es que la destrucción no sea tan acelerada como antes del decreto, pero al final sigue habiendo destrucción.
En el caso de la reserva de Montes Azules, que protege una parte (ya la última) de lo que fue la gran Selva Lacandona, las presiones sociopolíticas en la región de los Altos en la última década ha provocado que grupos de indígenas desplazados vean la selva como la solución a sus problemas. Año con año nuevos grupos llegan a la selva, la tumban y siembran su milpa. Ojalá y esto solucionara su problema de falta de tierra, pero el suelo de la selva no tiene vocación agrícola y le resuelve el problema a estos campesinos sólo durante un año, quizás dos; al tercero ya tienen que estar buscando nuevas hectáreas de selva para poder sobrevivir. Estos grupos han llegado, se han instalado y en la mayoría de los casos se han quedado sin que ni el gobierno de Chiapas y mucho menos el federal hagan algo por reubicarlos fuera de la reserva.
A la fecha hay varios proyectos gubernamentales para reubicarlos y conservar la selva, pero esos proyectos corren a la velocidad de los políticos; lentísimo. Y el grave riesgo es que a este paso no se resolverá ni el problema de tierras de los desplazados en Chiapas, ni el deterioro de la última selva húmeda tropical mexicana, ni se enviará el mensaje de que en México sí tenemos áreas protegidas, y que realmente están protegidas.
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