Las mayores empresas telefónicas de Estados Unidos acordaron apoyar al gobierno federal en su programa de espionaje interno y permitirán intervenir llamadas manejadas por sus redes sin una orden judicial de por medio, reveló hoy la prensa.
Las intervenciones fueron autorizadas por las empresas AT&T, MCI y Sprint atendiendo una solicitud oral de funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) , encargada de este programa, indicó el diario USA Today, citando a siete ejecutivos de las compañías.
Un gran numero de las llamadas internacionales son manejadas por estas tres empresas, que controlan este tráfico, materia primaria del programa ejecutado por la NSA desde 2001, por orden directa del presidente George W. Bush, quien ha defendido su constitucionalidad.
Aunque la participación voluntaria de la industria telefónica había sido reportada antes, esta es la primera ocasión en que el nombre de las empresas es revelado, de acuerdo con el matutino.
La revelación ocurre el mismo día en que el Congreso inicia las audiencias al respecto, teniendo como primer testigo al Procurador General de Justicia Alberto Gonzalez.
Gonzales, quien era el consejero de la Casa Blanca cuando Bush inició el programa, hablará de la legalidad de la NSA para espiar sin una orden judicial conversaciones telefónicas a sospechosos de terrorismo y personas dentro de Estados Unidos.
El diario The New York Times informó en diciembre pasado que Bush autorizó a la NSA la supervisión sin una autorización judicial de llamadas telefónicas y correos electrónicos de estadunidenses sospechosos de tener lazos con terroristas extranjeros.
Legisladores demócratas y aún republicanos han críticado el programa citando la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en ingles) autorizada por el Congreso en 1978 y que obliga al gobierno a obtener una orden judicial para intervenir telecomunicaciones de civiles en Estados Unidos.
Bush ha defendido su decisión de autorizar el programa tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 al señalar sus poderes constitucionales y la resolución del Congreso para el uso de la fuerza luego de los ataques terroristas.
Dias atrás Gonzales defendió el programa e insistió que la actuación de Bush se dio "en consistencia con sus autoridades legales y de una manera que consideró necesaria y apropiada para la protección del país frente a esta nueva clase de amenaza".
Por Agencias
Washington, EU
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